miércoles, 3 de febrero de 2016

35 HORAS SEMANALES. TRABAJO PARA TODOS






Cuando escucho que existen países de nuestro entorno donde la jornada laboral es de 7 horas diarias, no puedo evitar pensar qué consecuencias tendría la implantación de esta norma en nuestro maltrecho mercado laboral. Si a esto le unimos la prohibición de las horas extra y una contundente persecución a su incumplimiento, a mí me sale  la cuenta.

En la España del desempleo donde el paro es un problema endémico, no sería tan descabellado intentar repartir un poco el empleo disponible y más sabiendo que hay gente por ahí trabajando 12 horas al día por 700 euros al mes, pero eso sí, hace falta voluntad de perseguir este tipo de fraudes a la seguridad social, ya que solo crean riqueza en los bolsillos de empresarios indecentes.

“Países que trabajan menos de 40 horas semanales: Holanda, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Alemania, Suiza, Bélgica, Suecia, Australia, Italia”. Alguno de estos países tiene una jornada de 30 horas semanales, y ello a pesar de que nunca en su historia tuvieron una tasa de desempleo próxima a la nuestra.

¿Quién gana con una reducción de la jornada laboral española? Los parados, la seguridad social, el fondo de pensiones y PIB español.

¿Quién pierde? Los empresarios que pagan las cotizaciones y tal vez trabajadores por cuenta ajena que dependiendo de cómo se legislara todo esto, podrían ver menguar su salario en un octavo, pero también sus retenciones e impuestos se verían reducidas en esta misma proporción, aunque no tendría que llevar aparejada esta reducción de sueldos necesariamente.

¿Cómo se podría llevar a cabo? Pues  implicando solamente a las empresas de más de 7 empleados pero prohibiendo cualquier exceso de jornada y sancionando con contundencia tanto a empresario como al trabajador que ignorase dicha norma. Una medida de este tipo afectaría sobre todo a grandes empresas y multinacionales y sería un ejercicio de solidaridad por parte del colectivo asalariado español.

Una reforma del estatuto de los trabajadores en esta dirección supondría la creación de millones de empleos.

¿Entonces porque no se hace? Probablemente porque la patronal tiene más influencia de la que imaginamos sobre nuestros gobernantes. Ya hemos visto como se reparten el dinero público unos y otros con adjudicaciones de obras y servicios amañadas, además del pago de comisiones a los políticos encargados de otorgar dichas concesiones.
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